Hermosillo, Son. 27 de septiembre de 2016.- La exención de cobro del derecho por el registro de nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del acta, sin condicionar a que dicha expedición se realice en los primeros doce meses de nacimiento, establece la iniciativa de decreto que reforma la Ley de Hacienda estatal y que será estudiada por la Primera Comisión de Hacienda.

Se trata de la armonización de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora al contexto del párrafo octavo del Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Karmen Aída Díaz Brown Ojeda, en cumplimiento al régimen transitorio segundo del Decreto en materia del derecho de toda persona a la identidad, que establece que la autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.

Expuso que el referido Decreto se publicó el 17 de mayo de 2014 en el Diario Oficial de la Federación y establece que las legislaturas de los estados dispondrían de seis meses para establecer en sus haciendas o códigos financieros la exención de cobro del derecho por el registro de nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento.

Sin embargo, dijo, en el Artículo 325 de la Ley de Hacienda del Estado se establece que será gratuita si el registro se efectúa dentro de los primeros doce meses del nacimiento, por lo cual propuso su modificación para que no exista condicionante.

Durante el desarrollo de la sesión ordinaria, el diputado Moisés Gómez Reyna presentó un posicionamiento con un llamado al Gobierno del Estado y al gobierno municipal de Hermosillo, para que frenen lo que calificó como acciones autoritarias, además de hacer un llamado a la civilidad política.

“Hacemos un llamado a la tolerancia y a la construcción democrática de nuestro sistema político, y de no ser así, responsabilizamos también a los gobiernos de lo que pudiera pasar a quienes representamos a la oposición en Sonora”, expresó.

Enumeró una serie de acontecimientos en los que mencionó la presunta siembra de drogas o armas en la detención de algunos ex funcionarios, así como lo que llamó una prueba más de represión y persecución política, al invadirse la privacidad del diputado Javier Dagnino Escoboza, al filtrarse una llamada que éste sostuvo con un familiar.

Mientras el coordinador del grupo parlamentario del PAN se encontraba en tribuna, los diputados panistas subieron al área de la mesa directiva y manifestaron su inconformidad con cartulinas con diversos señalamientos.

Otro hecho que mencionó fue la detención del Secretario General del CEN del PAN, ocurrido el pasado 10 de septiembre, lo que calificó como golpeteo político, una manifestación de acciones represivas y abuso de autoridad. Acto seguido, los diputados del grupo parlamentario abandonaron el salón de sesiones.

En el recinto se encontraban 20 diputados y la sesión pudo continuar, no sin antes registrarse las intervenciones de los diputados Iris Fernanda Sánchez Chiu, David Homero Palafox Celaya, Juan José Lam Angulo y Fermín Trujillo Fuentes.

La diputada Sánchez Chiu consideró muy importante no olvidar los actos de represión y espionaje suscitados durante la administración estatal pasada, como el caso de Gisela Peraza, el de Mario Luna y el de la ahora titular del Ejecutivo estatal en el tiempo de su campaña por la gubernatura, entre otros.

“Hacer constar que una vez más los diputados le están dando la espalda, traicionando a los ciudadanos y siguen ocasionando un grave daño a los ciudadanos. Lamentable hacer de este Congreso un circo, como les gusta hacerlo y es lamentable huir al debate y retrasar los trabajos legislativos que debemos realizar en este Pleno”, afirmó el diputado Palafox Celaya.

Si hay algo de razón en los hechos que se mencionan se solidariza con los diputados de Acción Nacional, sostuvo el diputado Juan José Lam Angulo, ya que esos ingredientes en un gobierno son muy nocivos para la convivencia en sociedad y llamó a no repetir las historias de gobiernos represores, sino a velar por la paz de los sonorenses.

El diputado Fermín Trujillo Fuentes concluyó que los diputados que abandonaron el recinto violentaron la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y lamentó que el diputado Gómez Reyna no haya presentado el punto que venía en el orden del día, relativo a una iniciativa en materia de transporte para estudiantes, tema en el que Nueva Alianza tenía interés en participar.

Buscan reformar diversas normas jurídicas

Al continuar con el orden del día, el diputado Carlos Alberto León García presentó una iniciativa con punto de Acuerdo para el efecto de que esta LXI Legislatura presente ante el Congreso de la Unión, un proyecto de ley que reforma el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Explicó que en atención al precitado artículo constitucional, que está íntimamente ligado a las reformas constitucionales que dieron pie a la implementación del nuevo sistema de justicia penal, y ante el desencanto y frustración de los ciudadanos por la ola de robos a casa habitación, en los que se vulnera el derecho a la familia, la iniciativa tiene como finalidad que se eleve a rango constitucional dicho delito.

Además, agregó, que los delincuentes que violenten la integridad y domicilios de las familias mexicanas ameriten, de manera oficiosa, prisión preventiva. La iniciativa se turnó para estudio a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Justicia y Derechos Humanos.

A esta última comisión remitió el presidente de la mesa directiva, Jorge Luis Márquez Cázares, la iniciativa presentada por el diputado José Ángel Rochín López, con proyecto de ley que adiciona un séptimo párrafo al Artículo 146 de la Constitución Política del Estado de Sonora, y de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Sonora, y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

Expuso que esta Legislatura no ha considerado reformas sustanciales en materia penal y administrativa para mejorar los procesos de sanción de los servidores públicos que incurran en actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones, por lo que delitos como el cohecho, el peculado, la concusión, el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito deben ser considerados de manera especial en las normas referidas.