Uno de los ocho pueblos de la tribu Yaqui en Sonora incorporado a la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina pidió la intervención del Secretario de Gobernación, de la Suprema Corte de Justicia así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para evitar más enfrentamientos entre comunidades indígenas provocados por la violación de la empresa IENOVA a un amparo contra la construcción del gasoducto Guaymas-El Oro que pretende perforar más de 840 kilómetros del territorio de Loma de Bacum.

Los hechos violentos registrados el viernes que dejaron un muerto y decenas de heridos, es resultado de las negativas de la empresa, del Gobierno estatal a cargo de Claudia Artemiza Pavlovich Arrellano, para acatar el fallo de la juez séptimo de distrito con sede en Ciudad Obregón, María del Rosario Alcántara Trujillo.

Al respecto, Rocío Miranda Pérez, líder nacional de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC), junto con el líder estatal de esa agrupación en Sonora, Luis Enrique Ortiz, exigió el respeto al Estado de Derecho y el cumplimento de la orden judicial para evitar más enfrentamientos intercomunitarios promovidos por la citada empresa de capital extranjero y avalados por las autoridades municipales y estatales.

En conferencia de prensa, denunciaron que el pueblo Loma de Bacum por donde pretenden pasar el gasoducto en más de 840 kilómetros de territorio yaqui, se encuentra incomunicado, lo que provoca violaciones a los derechos humanos de los indígenas que ahí habitan.

Ante esta realidad, Rocío Miranda Pérez y Luis Enrique Ortiz, reclamaron el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a ser consultados de manera libre e informada sobre los megaproyectos a fin de no seguir dañando el ecosistema, las riquezas arqueológicas y los usos y costumbres de sus comunidades.

Indicaron que desde el pasado mes de abril el pueblo de Loma de Bacum, ubicado al sur de Sonora, interpuso un amparo contra dicha construcción el cual fue ganado y la juez ordenó suspender los trabajos de construcción del gasoducto que viene desde Arizona y pretende pasar por Loma de Bacum, único pueblo de los ocho que integran la comunidad Yaqui en el Estado que se opuso al proyecto.

Los dirigentes campesinos aclararon que no se oponen al desarrollo de las regiones, pero éste no debe violar usos y costumbres ya que este proyecto sustentado en gas natural daña la ecología y destruye los lugares sagrados y la cultura ancestral.

Detallaron que la juez séptimo de distrito con sede en Ciudad Obregón fue enfática en su resolución al suspender cualquier acto de ejecución para construir la obra del proyecto Gasoducto Guaymas-El Oro relacionado con el permiso G/311/TRA/2013 expedido por la Comisión Regulatoria de Energía.