Son al menos 10 ex gobernadores, en su mayoría del PRI, quienes han sido detenidos durante la actual Administración federal y hay otros cuatro bajo investigación y uno más prófugo de la justicia, por el delito de desvío de recursos públicos, que en conjunto suman más de 206 mil 923 millones 246 mil pesos.
2017
Ex gobernadores, y su gran estafa
De poco sirve la aprehensión de funcionarios si los recursos no regresan al erario; se ‘llevan’ más de $206 mil millones
CIUDAD DE MÉXICO.- Son al menos 10 ex gobernadores, en su mayoría del PRI, quienes han sido detenidos durante la actual Administración federal y hay otros cuatro bajo investigación y uno más prófugo de la justicia, por el delito de desvío de recursos públicos, que en conjunto suman más de 206 mil 923 millones 246 mil pesos.
Pese a los procesos judiciales llevados a cabo en contra de los exmandatarios, el destino de tales recursos es incierto, mientras sus entidades presentan un déficit y deuda pública enorme.
Organismos no gubernamentales, de la sociedad civil e investigadores en materia de transparencia exigen y reclaman a la Federación la recuperación del dinero y traerlo de vuelta a las arcas del Estado.
“El primer responsable es el Estado porque son instancias (como la PGR y la Secretaría de la Función Pública) a las que les pagamos y no están haciendo su trabajo”, si las autoridades fallaron tienen la obligación de buscarlo y reponerlo para evitar la impunidad”, afirmó Paulina Gutiérrez, directora del Centro de Investigación Ciudadano.
La ruta de ese dinero nos guía a empresas, cuentas bancarias, propiedades o inversiones en territorio nacional y en el extranjero, el cual impunemente permanece en los bolsillos de los servidores públicos y en el de sus familias.
La Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, que considera los asegurados y decomisados en los procedimientos penales federales, expone que todos los bienes –incluyendo los billetes y monedas de curso legal, divisas y los de valor artístico– serán administrados por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). Su control comprende su recepción, registro, custodia, conservación y supervisión para ser devueltos en las mismas condiciones.
Manuel Guadarrama, abogado y coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), dijo que una de las sanciones que deberían aplicarse a los gobernadores que desvían los recursos es la de “resarcir el daño ocasionado al erario público al ser dinero de todos los mexicanos” y, en caso de no recuperar el dinero, “es una omisión del debido proceso por parte de la autoridad judicial”.
Por ello, dijo, es necesario fortalecer a la Secretaría de la Función Pública (SFP) porque “durante este sexenio su actuación ha quedado bastante disminuida y prácticamente se ha ido desmantelando”, sus órganos internos de control deben de tener un rol protagónico, ya que son los encargados de vigilar la correcta actuación de los funcionarios públicos.
“Es imprescindible el uso de la tecnología existente. Los nuevos modelos de negocios incluyen las transacciones electrónicas que permiten dar un seguimiento puntual a cada peso”, agregó.
Gutiérrez Jiménez, directora del organismo interesado en el control ciudadano de lo público, coincidió en que ese dinero del erario es de los mexicanos y si las autoridades fallaron en vigilar que se aplique, tienen la obligación de buscarlo y reponerlo para evitar la impunidad.
EL CUENTO NO ACABA
En sexenios pasados la corrupción también ha estado presente. De 2000 a 2013, documentó el IMCO, hubo 63 gobernadores de los cuales 41 estuvieron involucrados en desvío de recursos, pero sólo 16 fueron investigados y de éstos, cinco fueron procesados.
A nivel municipal, en el Centro Ciudadano han evaluado la aplicación de recursos públicos en 13 municipios de siete estados del país como Chihuahua, Veracruz, Baja California y Yucatán.
En general, ya sea por corrupción o falta de capacidades, los gobiernos municipales “no cumplen con la ley y permea la opacidad” ya que no pueden tener acceso a información que debería ser pública sin solicitud, dijo Paulina Gutiérrez.
LA LISTA NEGRA DE DESFALCOS
*Los priistas Andrés Granier Melo, de Tabasco (2 mil 600 millones de pesos)
*Fausto Vallejo Figueroa y Jesús Reyna García, de Michoacán (3 mil 759 millones de pesos)
*Javier Duarte de Ochoa y Flavino Ríos, de Veracruz (35 mil millones de pesos)
*Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo (5 mil millones de pesos)
*Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández, de Tamaulipas (130 mil 865 millones de pesos).
*Los panistas Guillermo Padrés Elías, de Sonora (762 millones de pesos)
*Luis Armando Reynoso Femat, de Aguascalientes (115 millones 800 mil pesos).
OTROS
Hay cuatro ex mandatarios bajo investigación y otro más fugado, que suman otros 28 mil 345 millones 746 mil pesos propiedad de los mexicanos y desviados durante sus gestiones locales.
*Esta lista la conforman el priista Rodrigo Medina de la Cruz, de Nuevo León (3 mil 128 millones de pesos)
*El perredista Gabino Cué Monteagudo en Oaxaca (15 mil millones de pesos)
*El priista César Duarte Jáquez, de Chihuahua (10 mil millones de pesos)
*Los coahuilenses Jorge Torres López (51 millones 946 mil pesos) y el ahora ex priista Humberto Moreira Valdés (50 mil millones de pesos).
El Mañana
Pese a los procesos judiciales llevados a cabo en contra de los exmandatarios, el destino de tales recursos es incierto, mientras sus entidades presentan un déficit y deuda pública enorme.
Organismos no gubernamentales, de la sociedad civil e investigadores en materia de transparencia exigen y reclaman a la Federación la recuperación del dinero y traerlo de vuelta a las arcas del Estado.
“El primer responsable es el Estado porque son instancias (como la PGR y la Secretaría de la Función Pública) a las que les pagamos y no están haciendo su trabajo”, si las autoridades fallaron tienen la obligación de buscarlo y reponerlo para evitar la impunidad”, afirmó Paulina Gutiérrez, directora del Centro de Investigación Ciudadano.
La ruta de ese dinero nos guía a empresas, cuentas bancarias, propiedades o inversiones en territorio nacional y en el extranjero, el cual impunemente permanece en los bolsillos de los servidores públicos y en el de sus familias.
La Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, que considera los asegurados y decomisados en los procedimientos penales federales, expone que todos los bienes –incluyendo los billetes y monedas de curso legal, divisas y los de valor artístico– serán administrados por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). Su control comprende su recepción, registro, custodia, conservación y supervisión para ser devueltos en las mismas condiciones.
Manuel Guadarrama, abogado y coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), dijo que una de las sanciones que deberían aplicarse a los gobernadores que desvían los recursos es la de “resarcir el daño ocasionado al erario público al ser dinero de todos los mexicanos” y, en caso de no recuperar el dinero, “es una omisión del debido proceso por parte de la autoridad judicial”.
Por ello, dijo, es necesario fortalecer a la Secretaría de la Función Pública (SFP) porque “durante este sexenio su actuación ha quedado bastante disminuida y prácticamente se ha ido desmantelando”, sus órganos internos de control deben de tener un rol protagónico, ya que son los encargados de vigilar la correcta actuación de los funcionarios públicos.
“Es imprescindible el uso de la tecnología existente. Los nuevos modelos de negocios incluyen las transacciones electrónicas que permiten dar un seguimiento puntual a cada peso”, agregó.
Gutiérrez Jiménez, directora del organismo interesado en el control ciudadano de lo público, coincidió en que ese dinero del erario es de los mexicanos y si las autoridades fallaron en vigilar que se aplique, tienen la obligación de buscarlo y reponerlo para evitar la impunidad.
EL CUENTO NO ACABA
En sexenios pasados la corrupción también ha estado presente. De 2000 a 2013, documentó el IMCO, hubo 63 gobernadores de los cuales 41 estuvieron involucrados en desvío de recursos, pero sólo 16 fueron investigados y de éstos, cinco fueron procesados.
A nivel municipal, en el Centro Ciudadano han evaluado la aplicación de recursos públicos en 13 municipios de siete estados del país como Chihuahua, Veracruz, Baja California y Yucatán.
En general, ya sea por corrupción o falta de capacidades, los gobiernos municipales “no cumplen con la ley y permea la opacidad” ya que no pueden tener acceso a información que debería ser pública sin solicitud, dijo Paulina Gutiérrez.
LA LISTA NEGRA DE DESFALCOS
*Los priistas Andrés Granier Melo, de Tabasco (2 mil 600 millones de pesos)
*Fausto Vallejo Figueroa y Jesús Reyna García, de Michoacán (3 mil 759 millones de pesos)
*Javier Duarte de Ochoa y Flavino Ríos, de Veracruz (35 mil millones de pesos)
*Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo (5 mil millones de pesos)
*Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández, de Tamaulipas (130 mil 865 millones de pesos).
*Los panistas Guillermo Padrés Elías, de Sonora (762 millones de pesos)
*Luis Armando Reynoso Femat, de Aguascalientes (115 millones 800 mil pesos).
OTROS
Hay cuatro ex mandatarios bajo investigación y otro más fugado, que suman otros 28 mil 345 millones 746 mil pesos propiedad de los mexicanos y desviados durante sus gestiones locales.
*Esta lista la conforman el priista Rodrigo Medina de la Cruz, de Nuevo León (3 mil 128 millones de pesos)
*El perredista Gabino Cué Monteagudo en Oaxaca (15 mil millones de pesos)
*El priista César Duarte Jáquez, de Chihuahua (10 mil millones de pesos)
*Los coahuilenses Jorge Torres López (51 millones 946 mil pesos) y el ahora ex priista Humberto Moreira Valdés (50 mil millones de pesos).
El Mañana
