Hermosillo, Son., diciembre 5 de 2017.- Los sonorenses contarán con un Código Penal fortalecido en el combate al delito de robo, una vez que entren en vigor las modificaciones aprobadas este día por el Pleno y que establecen una penalidad mínima de seis años sin agravantes y una máxima de hasta 20 años a quienes incurran en robo en casa-habitación, comercio y autopartes.

De acuerdo a las consideraciones del dictamen con proyecto de Decreto presentado por las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y de Seguridad Pública, la normativa ofrecerá penalidades más elevadas que las que existen actualmente para el delito de robo, cuya máxima con agravantes es de apenas seis años, expuso la diputada Flor Ayala Robles Linares, impulsora de la iniciativa.

La legisladora presentó la propuesta el 16 de junio de 2016, en la que incluyó nuevas modalidades para ese mismo ilícito, con la finalidad de replicar en el Estado de Sonora lo que parece estar arrojando mejores resultados en las entidades federativas que se tomaron como referencia en el comparativo de la iniciativa: Baja California, Durango, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas y Veracruz.

Indicó que el objetivo es contar con una estrategia integral que venga a reforzar las adecuaciones que en esta y otras materias afines se han realizado al Código Penal para el Estado de Sonora, así como las acciones realizadas por parte de la Fiscalía General del Estado, y los poderes Ejecutivo y Judicial del Estado de Sonora.

La diputada Ayala Robles Linares agregó que al hacer un análisis con otros estados se percató que los delitos de robo a casa-habitación, a comercio y a autopartes, que son de los que más lastiman a la sociedad, tienen penalidades muy bajas, ya que este último, con agravantes, se castiga hasta con seis años, mientras en el Estado de México la sanción es de hasta 27 años.

En Chihuahua el delito de robo a vehículos y autopartes tiene una máxima de 25 años, en tanto en Sonora es de dos años, dijo, lo que indica una desproporcionalidad de la sanción, además de la vulnerabilidad en que queda la ciudadanía, más la percepción de inseguridad que hace pensar a la sociedad que en el estado de Derecho no pasa nada.

La legisladora sostuvo que también se le adicionan agravantes a la normatividad punitiva local en el delito de robo, como el hecho de que se encuentren mujeres solas con niños; cuando haya adultos mayores y personas con discapacidad, tanto en casa-habitación como en comercio, lo que genera una mínima de seis años sin agravantes y una máxima de hasta 20 años, con lo cual el Estado de Sonora queda un poco debajo de la media.

El Decreto reforma los artículos 308, párrafo primero y fracción XII, y 309, párrafo primero, y se adicionan las fracciones XIII, XIV y XV al Artículo 308 del Código Penal para el Estado de Sonora.

En el desarrollo de esta sesión ordinaria, la asamblea aprobó por unanimidad dos proyectos de Decreto presentados por la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales, el primero que adiciona una fracción III al Artículo 20 de la Ley número 125, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del municipio de Carbó, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2017.

El segundo adiciona diversas disposiciones al Artículo 18 de la Ley número 153, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del municipio de Pitiquito, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2017.

A nombre de la comisión, el diputado Javier Dagnino Escobosa dio a conocer al Pleno que el Ayuntamiento de Carbó tiene la necesidad de modificar su normatividad fiscal de ingresos para estar en condiciones de establecer una nueva contribución, específicamente un derecho para el cobro de licencias de uso de suelo para fraccionamientos habitacionales o comerciales.

También para las de tipo comercial, industrial y de características especiales, por la construcción, modificación o reconstrucción de obras en materia de desarrollo urbano, informó, lo que la dictaminadora calificó como positivo para que dicho Decreto fuera aprobado.

Al diputado Rodrigo Acuña Arredondo correspondió darle lectura al Decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Ingresos del Ayuntamiento del municipio de Pitiquito, mediante el cual se otorgará el 10 por ciento de descuento en el pago por la expedición de licencias de construcción, modificación o reconstrucción, y por la expedición de licencias de uso de suelo para empresas medianas, grandes, comercial, servicios y maquilas.

Se otorgarán dichos descuentos, señaló, a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales que soliciten licencias de construcción, que construyan o que inicien actividades empresariales durante el año en curso.

Turnan iniciativas a comisiones dictaminadoras

El mismo legislador dio lectura a una iniciativa con punto de Acuerdo para que este Poder Legislativo, en ejercicio de la atribución establecida en los artículos 71, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 64, fracción I de la Constitución local,  presente ante el Congreso de la Unión una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al inciso C) de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Federal.

Propuso que para un eficaz combate conjunto al delito de abigeato debe complementarse una competencia concurrente entre autoridades federales y del Estado para investigar este ilícito, y que sea decisión del directamente afectado ante qué autoridad interpone su denuncia, si el Ministerio Público Federal o el del fuero común. La iniciativa se turnó para estudio a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Y a la Comisión de Desarrollo Social y Asistencia Pública fue turnada por la Presidencia la iniciativa presentada por las diputadas del grupo parlamentario del PRI, con proyecto de ley para el aprovechamiento integral de alimentos y su donación altruista del Estado de Sonora.

A nombre de sus compañeras, la diputada Ana Luisa Valdés Avilés informó que en la entidad se pierden entre 500 y 600 millones de pesos al año en desperdicio de alimentos; existen 333 mil personas con hambre y con esa cantidad de desperdicio podrían comer durante un año más de 200 mil sonorenses en estado de pobreza. Sólo en Hermosillo existen alrededor de 162 mil 722 personas que viven con carencias de alimentación.

Por ese motivo es que en la iniciativa con proyecto de ley plantean el objeto general y objetivos específicos relativos a la intervención del Gobierno del Estado y los municipios en el diseño de políticas públicas para prevenir el desperdicio, la pérdida y el aprovechamiento de alimentos; la gratuidad en la distribución de los alimentos preservados mediante las acciones dispuestas en la legislación y preceptos con definiciones correspondientes, expuso.

El proyecto contiene cinco capítulos: Disposiciones generales; Donantes, donatarios y beneficiarios; Bancos de alimentos; Facultades de la Secretaría de Desarrollo Social y municipios; y Sanciones. Consta de 28 artículos y dos transitorios.

Para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el diputado Moisés Gómez Reyna presentó una iniciativa con proyecto de decreto, con el fin de institucionalizar el servicio civil de carrera en los ayuntamientos de Sonora.

Explicó que mediante este mecanismo, los gobiernos municipales podrán garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, con base al mérito y para impulsar el desarrollo de sus funciones en beneficio de la sociedad, además de que se toma como base el modelo implantado hace más de diez años por el Gobierno Federal, mismo que ha sido muy exitoso, dijo.

El servicio civil de carrera se implementaría en los ayuntamientos con más de 50 mil habitantes, que son: Hermosillo, Cajeme, Nogales, San Luis Río Colorado, Navojoa, Guaymas, Caborca, Agua Prieta, Huatabampo, Etchojoa, Puerto Peñasco y Empalme. Se turnó para estudio a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

La Comisión de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático estudiará la iniciativa presentada por la diputada Sandra Mercedes Hernández Barajas, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de equilibrio ecológico y protección al medio ambiente del Estado de Sonora.

Afirmó que el uso de las bolsas de plástico genera graves problemas de contaminación a nivel mundial, ya que la mayoría de éstas terminan siendo desechadas sin control, además de afectar tanto a las ciudades como a los ecosistemas naturales en el planeta, por lo cual su propuesta va encaminada a prohibir la fabricación, distribución y uso de bolsas de polietileno y de todo material plástico convencional, utilizado en supermercados, autoservicios, almacenes y comercios en general para transporte de productos o mercancías.

Especialistas en temas ambientales señalan que en el país se utilizan diariamente 20 millones de bolsas de plástico, las cuales tardan entre 400 y mil años en degradarse, dependiendo el tamaño y peso de cada bolsa, informó la legisladora.

Antes de clausurar la sesión y citar para la próxima este miércoles 6 de diciembre, a las 11:00 horas, la diputada Lina Acosta Cid presentó un posicionamiento con motivo de la celebración del Día Internacional de la Discapacidad. Expuso que en Sonora, un 5.5 por ciento de la población padece alguna discapacidad, lo que equivale a 159 mil 875 personas, de las cuales 40 mil 928 tiene problemas para escuchar y 23 mil 341 para hablar o comunicarse.

Reconoció que es un tema que en esta Legislatura se han atendido e impulsado leyes que combaten la discriminación y fomentan la inclusión educativa, pero aún se requieren mejores políticas públicas para atender a dicho sector de la población.