El Estado de Sonora cuenta con tres nuevas leyes aprobadas al cerrar este día la LXI Legislatura su primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio constitucional: del Instituto de Becas y Crédito Educativo, de sanidad vegetal e inocuidad agrícola, y para el fomento y la participación de las organizaciones de la sociedad civil.

 

En esta última sesión del mes, el diputado Jesús Epifanio Salido Pavlovich presentó un punto de Acuerdo mediante el cual este Poder Legislativo resuelve presentar ante el Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto de decreto para reformar el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

Recordó que el pasado octubre presentó una iniciativa para modificar el Código Penal para el Estado de Sonora, con el propósito de que los robos en casa-habitación y en comercio, el uso de armas y la extorsión se ampliaran como delitos graves, para lo cual llevó a cabo foros en los municipios de Navojoa, Cajeme, Guaymas, Caborca y San Luis Río Colorado, para escuchar a académicos y ciudadanía, con el objeto de lograr un consenso social.

 

“La gente reclama que hagamos algo, pero también tenemos que reconocer que en la parte técnica hay opiniones distintas, donde principalmente los académicos nos dicen que no es de jurisdicción estatal modificar delitos graves de manera local”, aseveró.

 

El diputado Salido Pavlovich informó que su propuesta se suma a la que meses atrás presentó el diputado Carlos Alberto León García, con el fin de construir una iniciativa federal para que desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se puedan considerar como graves los delitos de robo a comercios y a casas, la extorsión y el uso de armas.

 

De acuerdo con la iniciativa se manifestó el diputado León García, quien aprovechó para invitar a sus compañeros legisladores a poner sobre la mesa los temas que consideran más importantes y puedan discutirlos antes de que se acabe la oportunidad de realizar los cambios que ocupa el país, para lo cual mencionó la eliminación del fuero y la iniciativa de ley antisoborno. La iniciativa presentada se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

 

La asamblea también votó a favor de la Ley que aprueba el lema para toda la correspondencia oficial en el Estado de Sonora: “2018: Año de la Salud”, presentada por el grupo parlamentario del PRI, así como cuatro decretos que modifican las leyes de fomento de energías renovables y eficiencia energética; de educación; de transparencia y acceso a la información pública; y el que clausura el actual periodo.

 

Se eligió a la mesa directiva de la Diputación Permanente, con efectos a partir del 16 de diciembre y hasta el 31 de enero de 2018, la cual quedó integrada por los diputados Angélica María Payán García, presidenta; Rafael Buelna Clark, vicepresidente; Teresa María Olivares Ochoa, secretaria; Javier Villarreal Gámez y Lisette López Godínez, suplentes.

 

Nuevas normatividades

De las nuevas leyes aprobadas, la primera presentada al Pleno fue la Ley del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, misma que presentó la titular del Poder Ejecutivo estatal el pasado 3 de octubre, quien expuso que el Gobierno del Estado considera viable crear un nuevo Instituto que tenga las funciones del Instituto de Crédito Educativo y del Instituto de Becas.

 

Lo que se busca, indicó en la iniciativa, es perfeccionar las actuales atribuciones, estructura, patrimonio, control y relaciones laborales afines a ambos institutos, con lo cual se evitará la duplicidad del gasto público en actividades que pueden desarrollarse por un único organismo, evitando así el inadecuado aprovechamiento de recursos.

 

Esta nueva legislación consta de 49 artículos y diez transitorios. El Segundo Transitorio establece que se abrogan la Ley que crea el Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora y la Ley que regula el otorgamiento de becas y estímulos educativos del Estado de Sonora, a la entrada en vigor del nuevo ordenamiento, para lo cual se contará con un plazo máximo al 31 de diciembre de 2017 para el debido funcionamiento del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

 

En el proyecto de Ley se incluyó una propuesta presentada en febrero de 2017 por los diputados Fermín Trujillo Fuentes y Teresa María Olivares Ochoa, integrantes del grupo parlamentario de Nueva Alianza, quienes plantearon incluir como uno de los objetivos específicos para el cumplimiento del objeto de la Ley que regula el otorgamiento de becas y estímulos educativos del Estado de Sonora, la prevención y atención de los casos de ausentismo y deserción escolar de alumnos menores de edad, entre otras propuestas.

 

“Consideramos oportuno aprobar la iniciativa de Ley que nos ocupa en los precisos términos en que fue presentada por la titular del Poder Ejecutivo estatal y con las adecuaciones propuestas por los diputados del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, toda vez que con la referida aprobación estaríamos dando un sentido de reestructuración a dos órganos de gobierno, cuyas funciones tienen que ver con la coordinación y aplicación de recursos en materia educativa en beneficio directo del estudiantado”, estableció la Comisión de Educación y Cultura.

 

En el desarrollo de la sesión ordinaria se aprobó la Ley de sanidad vegetal e inocuidad agrícola del Estado de Sonora, impulsada por la diputada Iris Fernanda Sánchez Chiu, que tiene por objeto fomentar el desarrollo sustentable de las actividades agrícolas en la entidad y mejorar las condiciones de productividad, rentabilidad y competitividad del sector.

 

La legisladora explicó que mediante esta nueva normatividad se promoverá la aplicación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación en los procesos de producción primaria de vegetales, productos y subproductos agrícolas, así como sustentar la certificación de origen para el otorgamiento de la “Marca Calidad Sonora”.

 

Agregó que se dota a las autoridades en la materia con las herramientas necesarias para prevenir y erradicar cualquier plaga o enfermedad que pudiese poner en riesgo la sanidad vegetal en la entidad, como son las campañas fitosanitarias, el dispositivo de emergencia y sanidad vegetal, acciones para controlar el uso de plaguicidas, así como acciones de verificación e inspección.

 

La Ley consta de 101 artículos y cuatro títulos: Disposiciones generales; De la protección fitosanitaria; De la inocuidad agrícola; De la coordinación, de los incentivos, de la denuncia ciudadana, de las responsabilidades, de las sanciones y del recurso de inconformidad. El dictamen fue presentado por la Comisión de Fomento Agrícola y Ganadero.

 

Enseguida se aprobó la Ley para el fomento y la participación de las organizaciones de la sociedad civil para el Estado de Sonora,  dictaminada por la Comisión de Desarrollo Social y Asistencia Pública, con base a una iniciativa presentada por las diputadas Lina Acosta Cid, Lisette López Godínez, Célida Teresa López Cárdenas, María Cristina Gutiérrez Mazón y Emeterio Ochoa Bazúa.

 

Esta legislación tiene por objeto, entre otros, fomentar las actividades que llevan a cabo las organizaciones de la sociedad civil, las agrupaciones y redes registradas mediante una normatividad integral y coherente que propicie condiciones para el ejercicio pleno de la libertad de las personas y grupos que integran la sociedad.

 

También la de estimular su participación en la vida social, económica, política y cultural de la entidad; promover la participación de las organizaciones en la definición de agenda, así como en la elaboración, construcción colectiva, implementación y evaluación de políticas públicas con relación a las actividades que señala esta Ley.

 

Contiene una serie de derechos y obligaciones que deberán cumplir las organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones y redes registradas, puesto que a través del acceso a recursos y estímulos fiscales, dichos entes podrán cumplir con sus objetivos y, por otro lado, el hecho de que tengan obligaciones, como estar inscritos en el Registro Estatal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, que permitirá monitorear de manera permanente su desenvolvimiento.

 

La Ley para el fomento y la participación de las organizaciones de la sociedad civil consta de 29 artículos, seis capítulos y cuatro artículos transitorios.

 

Aprueban decretos, acuerdo y turnan iniciativa

La Comisión de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático presentó al Pleno el dictamen con proyecto de Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de fomento de energías renovables y eficiencia energética del Estado de Sonora, que elimina a la Comisión de Energía del Estado de Sonora, para que sea la Secretaría de Economía la que a través de un órgano desconcentrado asuma las atribuciones de dicha comisión.

 

Otro Decreto aprobado es el que modifica la Ley de Educación para salvaguardar el derecho de los menores estudiantes a contar con un adecuado apoyo psicológico en su plantel escolar, que les ayude a encauzar los impulsos que son propios de su desarrollo físico, mental y emocional, para que aprendan a respetarse a sí mismos, a su entorno y a sus semejantes, así como para que puedan aprender a tomar el control de su vida y atender apropiadamente sus estudios.

 

Las comisiones de Transparencia y Fiscalización presentaron otro dictamen con proyecto de Decreto, éste para modificar diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el objeto de que los informes de auditorías realizados por la Contraloría General del Estado, las contralorías internas, el Órgano Interno de Control y Evaluación Gubernamental de cada municipio, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se hagan públicos, como lo propuso el diputado Ramón Antonio Díaz Nieblas.

 

Además de que se impondrán obligaciones adicionales a los entes fiscalizadores antes aludidos, para que transparenten toda la información relativa a las auditorías que realicen, con el fin de darle certeza al ciudadano en el ejercicio del derecho humano en cita, desde el programa anual de auditorías, el personal y los profesionales externos que intervienen en los procesos de fiscalización, hasta los resultados obtenidos, la instauración y seguimiento de las denuncias.

 

En la ordinaria de hoy también se aprobó el Acuerdo que resuelve exhortar al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que lleve a cabo las acciones que sean necesarias para agilizar la construcción del nuevo Hospital General de Zona, que sustituirá al que actualmente se encuentra en funciones en la ciudad de Navojoa, Sonora.

 

El diputado Jorge Luis Márquez Cázares presentó la propuesta bajo el considerando de que, por el crecimiento que ha tenido el estado en los últimos 60 años, el actual nosocomio ya cumplió con su vida útil, por lo que se requiere de un nuevo inmueble hospitalario que garantice a los derechohabientes del IMSS de ese municipio el acceso a los servicios de salud.

 

Y a la Comisión de Salud se envió para estudio la iniciativa presentada por el diputado Javier Villarreal Gámez, con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona la Ley de Salud Mental del Estado de Sonora, con el objeto de crear el Instituto Estatal de Salud Mental y Adicciones, que sustituiría a la actual Dirección que atiende estas enfermedades.

 

Agregó que de aprobarse la iniciativa, dicho instituto tendría personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que permitiría poder atender de mejor manera a pacientes por drogadicción y depresión, entre otros padecimientos.

 

Una vez desahogados todos los puntos del orden del día, los legisladores aprobaron el Decreto que clausura el primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura y posteriormente entonaron el Himno Nacional.

 

El diputado Carlos Alberto León García, presidente de la mesa directiva, agradeció la oportunidad que tuvo de conducir los trabajos del Pleno durante el mes de diciembre.

Con oportunidad se les informará el día y la hora de la instalación de la Diputación Permanente para el primer periodo de sesiones extraordinarias del tercer año de ejercicio constitucional.