En minutos, la C谩mara baja aprob贸 con 262 votos a favor el dictamen por el que se expide la Ley con los cambios hechos por el Senado.
2017
Diputados aprueban Ley de Seguridad Interior y va a promulgaci贸n
CIUDAD DE M脡XICO.- La C谩mara de Diputados aprob贸 en 'fast track' el dictamen por el que se expide la Ley de Seguridad Interior con las modificaciones hechas al senado.
As铆, el documento pasa al Ejecutivo para su promulgaci贸n.
La cuestionada ley por organismos civiles y multilaterales busca dar certeza jur铆dica a las Fuerzas Armadas.
El documento fue aprobado en la C谩mara baja con 262 votos a favor (del PRI, Verde, y algunos del PAN y Encuentro Social), 25 en contra y cero abstenciones. Destac贸 la ausencia de los grupos parlamentarios de oposici贸n que estaban en contra del dictamen.
El diputado Ren茅 Cervera Garc铆a, de Morena, present贸 una moci贸n suspensiva en la que expuso que existe 鈥渦na violaci贸n a las garant铆as de individualidad y del debido proceso. El Art铆culo 10 del decreto que se propone, violenta los derechos humanos, el debido proceso y las garant铆as institucionales de audiencia y defensa鈥.
El Pleno rechaz贸 en votaci贸n econ贸mica esa moci贸n suspensiva.
La coordinadora de los diputados de Morena, Roc铆o Nahle Garc铆a, advirti贸 que 鈥渁 la hora de que las Fuerzas Armadas est茅n en la calle va a haber un estado de excepci贸n permanente por ley, una ley que, incluso, es inconstitucional y vulnera los derechos humanos鈥.
La diputada Carmen Guill茅n Vicente, del PRI, presidenta de la Comisi贸n de Gobernaci贸n, asegur贸 que se trata de una ley 鈥渃onstitucional, que cumple con todos los requisitos, que no tiene violaci贸n a ning煤n derecho, y que adem谩s no militariza al pa铆s鈥, es algo que necesitan los estados que m谩s sufren de violencia en el pa铆s.
La pol茅mica ley, adem谩s de regular el uso de las fuerzas armadas en las calles para combatir grupos criminales, ampl铆a sus facultades para actuar cuando se determine que existe una amenaza a la seguridad interior, en medio de en茅rgicas cr铆ticas de organismos como la ONU.
Pese a los cuestionamientos tanto de organismos internacionales como nacionales, los legisladores resolvieron a favor de la Ley de Seguridad Interior, que dota a los militares de un marco legal para intervenir con operaciones excepcionales si el presidente o gobiernos estatales consideran que las fuerzas policiales son insuficientes.
Activistas dicen que la aplicaci贸n de la ley provocar铆a m谩s violaciones a los derechos humanos y violencia, as铆 como abuso por parte de las fuerzas armadas, que en el pasado han sido acusadas de ejecuciones arbitrarias, torturas y otros delitos.
A fines del 2006, el expresidente Felipe Calder贸n comenz贸 a enviar decenas de miles de militares a los puntos m谩s violentos del pa铆s para combatir los c谩rteles de la droga ante la debilidad de los cuerpos polic铆acos. Sin embargo, muchos grupos, lejos de contenerse, se fragmentaron e incursionaron en otros delitos.
El Ej茅rcito mexicano hab铆a dicho que requer铆a una ley para regular su operaci贸n, pero al mismo tiempo un mecanismo en el que se estableciera una fecha para que puedan volver a los cuarteles pues la instituci贸n no fue creada para combatir c谩rteles de la droga y otros delitos.
Organismos como la Organizaci贸n de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han cuestionado la aplicaci贸n de esta ley. Aseguran que una d茅cada de intervenci贸n no regulada de las fuerzas armadas no ha disminuido la violencia y que por el contrario han aumentado los violaciones de los derechos humanos.
El Gobierno y los legisladores oficialistas argumentan que la ley no vulnera los derechos de las personas y que era necesaria para regular la actuaci贸n del Ej茅rcito en las calles.
La ley contempla, entre otras medidas, la intervenci贸n de militares y marinos para controlar, repeler y neutralizar actos de resistencia, lo que activistas ven como una amenaza a protestas de ciudadanos -que podr铆an ser sometidos con exceso de fuerza-, a meses de una elecci贸n presidencial para las que聽 Andr茅s Manuel L贸pez Obrador encabeza los sondeos.
La violencia desatada en M茅xico por el crimen organizado ha cobrado la vida de m谩s de 200,000 personas en la 煤ltima d茅cada
Entre las modificaciones que realiz贸 el Senado se incluye la precisi贸n de que los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicaci贸n de la Ley deber谩n respetar, proteger y garantizar en todo momento y, sin excepci贸n, los derechos humanos y sus garant铆as.
Adem谩s de dar 180 d铆as a los gobernadores para profesionalizar sus polic铆as o por lo menos tener sus proyectos y presupuestos.
