La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano sacó del baúl de los recuerdos la contribución por cobro de derechos por registro y control vehicular que años ha formó parte de la cultura contributiva de los mexicanos popularmente llamado “revisado”.

Tras ganar una batalla legal a la poderosa transnacional UBER que va por el mundo montada en la impunidad contributiva que le ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación de la que se alimenta la prestación de su servicio. Hoy UBER ha perdido la batalla y Sonora es de las primeras entidades en ajustar cuentas al monstruo del servicio de traslado personal en el orbe.

No obstante que la nueva carga impositiva tiene dedicatoria para la multinacional UBER, a esta no ser le moverá un pelo por el impuesto a su servicio, el cual irremediablemente tendrá que ser pagado por el propietario del auto, con la ventaja que estos no pagarán el impuesto sobre remuneraciones del trabajo, a no ser que obtenga ingresos por encima de lo que el Código Fiscal para la exención de impuestos a las transnacionales que sin invertir un centavo recaudan millonarias utilidades alrededor del mundo, gracias al desarrollo de las tecnologías digitales al servicio de la comunicación con dedicatoria para el servicio de auto-transporte personal UBER y empresas similares. 

El nuevo impuesto vehicular aplicará para todos los poseedores de automotores, camiones, camionetas de trabajo, autos de lujo y todo vehículo de tracción mecánica y propulsión mecánica que transite por calles o carreteras de jurisdicción estatal o federal. Es decir, nadie está a salvo del largo brazo recaudador del gobierno.

Este tipo de servicio de traslado de personas, bienes de consumo y los contratados a través de la tecnología digital y que realicen actividades comerciales tributarán al Estado el pago de cuota y Sonora sería el primer estado del país en lograr incluir en su padrón fiscal a esta empresa.

Aunque se conocen detalles genéricos del cobro impositivo a UBER se sabe de la posibilidad que estos contribuyentes tributen al Estado sobre tres -cuando menos- actividades gravables por ley a saber: por prestación de un servicio comercial sobre vía pública;  por concesión de permiso especial para usufructo de vehículo de alquiler y el impuesto federal sobre la remuneración por el trabajo al conductor, ISPR, y no ser descarta un accesorio por circular sin leyenda o identificación de la razón social visible.

Existe posibilidad de añadir un quinto tributo, siempre y cuando medie un convenio de colaboración entre la Comisión Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el estado de Sonora a efecto que el contribuyente UBER y similares, enteren al estado el impuesto federal por usufructo del espacio aéreo y el espectro de telecomunicación con fines de comercio lucrativo actualizado en la solicitud del servicio a través del dispositivo telefónico, con independencia al que tributa en la tarifas telefónica o especial con el prestador del servicio de telefonía o cualquier otro producto o accesorio fiscal que cause gravamen.

Asimismo, se incluye el cobro de derechos por peritajes de causalidad por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil, y que consiste el cobro del Estado por servicios de revisiones, peritajes y dictaminarían oficial, expedición de actas, constancias y toda actuación que avale el estado a través de personal especializado en la materia, será sujeto de un cobro de derechos.

 Son sujetos del precitado gravamen aquellos establecimientos expendedores, almacenadores y poseedores de vehículos transportadores de cualquier derivado de petrolíferos y que operen en inventario entre mil a 250 mil litros de combustibles y derivados de hidrocarburos; es decir, todo reservorio, oleoducto, establecimiento con cisternas, sean fijas, rodantes o de prueba. Estos tributarán y se cobrará el tributo de acuerdo al volumen y por verificación mensual, que podrá pagar el contribuyente en cuota anual con los estímulos que disponga la oficina recaudadora

Aquí se agregan nuevos contribuyentes de la industria minera y el cobro fiscal tiene fundamento legal en los criterios del SAT establecidos en la miscelánea fiscal del ejercicio fiscal 2018 pero se actualiza a partir del 2019.

Los establecimientos mineros y de cualquier tipo que usen explosivos o agentes químicos en sus procesos de producción serán verificados y se gravará con cobro de derechos con cargo al representante o apoderado del establecimiento, o bien, a la persona moral que está al frente de la empresa para efectos.

  El Consejo Nacional de Armonización Contable emitió los criterios conceptuales sobre la miscelánea fiscal que ejercerá en la Ley de Ingresos del próximo año, que fue publicado como decreto el 26 de noviembre del año en curso, justo una semana previa a que el entonces presidente Enrique Peña Nieto concluyera su mandarlo y cediera la banda presidencial a su sucesor Andrés Manuel López Obrador.

El Sistema de Administración Tributaria ha delegado facultades a los estados para que ingresen a sus arcas no pocas tributaciones, incluso, algunas, con aplicación retroactiva en el tiempito que pueden actualizar las entidades federativas, con independencias de los convenios de Coordinación Fiscal que obren con la federación, o bien, dejen de hacerlo.

Quizá fueron estas nuevas facultades impositivas las que animan a la mandataria sonorense a pensar en abandonar el Convenio de Coordinación Fiscal ya que la lista de derechos y otras cargas fiscales y no fiscales pueden aplicarla los estados y municipios en convenio mutuo y reportarlo en los nuevos formatos de cuentas que ha emitido el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) para aplicarlos a partir del 2019 en sus informes.