Bisturí.

Embelesadas en el éxtasis del oro, las mineras como Alamos Gold no alcanzan a percibir el terreno pantanoso que empiezan a transitar por sus recurrentes negligencias.

En Sonora como en México empieza a ajustarse otro escenario que les haría acreedoras a fuertes sanciones o, por lo menos, serias caídas de su presencia en las cotizaciones bursátiles.

Dos muertos, dos muertos en Sonora podrían parecer poca cosa a esta empresa que siguen cargando furgones de oro con destino a Canadá y otros países.

El derrumbe –que no accidente, pues los accidentes responden a variables no controladas – en Mulatos nos hace ver que la realidad es terca e implacable.

Más allá del luto que nos aqueja como sonorenses, de la reflexión debemos dar paso a la exigencia: o cumplen o se van. Ya no hay términos medios.

La codicia nunca ha tenido límites, menos cuando las leyes son endebles o se evaden en complicidad con los gobiernos o sus personeros.

Al escarbar un poco en los trágicos acontecimientos del pasado jueves en Mulatos, se vuelve a asomar entre los escombros la empresa Alamos Gold.

Es el grupo de capital canadiense ya cuestionado por su desprecio a los derechos laborales de quienes arriesgan la vida e integridad en sus minas.

También se alertó sobre sus posibles negligencias para cumplir a cabalidad con los obligados protocolos de seguridad para sus trabajadores.

Se equivoca usted si cree que esta empresa por ser extranjera es campeona en términos de cumplimiento a las leyes mexicanas.

Lo mismo que otras once firmas mineras, Alamos Gold apareció en una deshonrosa lista de evasoras fiscales, según un reporte de la Auditoría Superior de la Federación.

El documento Recaudación y Aplicación de los Derechos Mineros. Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-06E00-02-0085, dice que “no realizaron el pago de los derechos de minería previstos en los artículos 268, 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos”.

No conformes con pisotear las frágiles leyes del país, los consorcios extranjeros se empecinan en exigir condiciones y garantías “más favorables” para invertir.

Además de ser señalada por la ASF, Alamos Gold también fue llevada a los tribunales bajo la acusación de agredir los derechos de una trabajadora.

La demanda laboral, en la que se dice podría perder 50 millones de dólares, abre la puerta para otras 200 denuncias de trabajadores agraviados.

Con estos reiterados señalamientos de faltar a la ley, sería ingenuo pensar que en Mulatos cumplen a cabalidad los protocolos de seguridad.

Se podrá pensar que la delegación de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social –o como se vaya a llamar en este sexenio – verifica las condiciones de ésa y otras minas.

O que Protección Civil o cuánta autoridad se les ocurra igual verifican, pero el caso es que hubo un trágico derrumbe que evidencio las faltas de previsiones para la gente.

Es un hecho que las autoridades no vigilan, no auditan ni fiscalizan a fondo las condiciones de trabajo y seguridad en las minas asentadas en Sonora.

Basta recordar el derrame tóxico de Buena Vista en Cananea que provocó daños irreparables a la salud de miles de personas y al medio ambiente del Río Sonora.

El tema no es poca cosa sobre todo aquí, donde el 23 por ciento del territorio sonorense pertenece a extranjeras que acaparan más del 50 por ciento de la producción nacional.

Dos muertos, dos son poca cosa han de pensar los directivos de Alamos Gold al festinar el oro de su codicia mientras derraman lágrimas de cocodrilo en sus cursis comunicados.

No quieren entender que en el Congreso de la Unión se anunció una reforma a la Ley Minera con especial énfasis en el respeto al medio ambiente y a los derechos humanos.

Anuncio que provocó la caída de entre el 4.7 y el 5.4 por ciento a las acciones de Grupo México y Peñoles en la Bolsa Mexicana de Valores, equivalentes a una pérdida de mil 506 millones de dólares.

De las reacciones de la comunidad sonorense, habría que destacar dos de ellas que, por su contenido, motivan a elevar este tema a la discusión pública.

La prestigiada activista Rosa María O’Leary coincide con lo que aquí expuesto y sobre el derrumbe y los muertos en Mulatos dice con toda certeza, con toda su autoridad moral:

“A ver si cuando menos indemnizan a las familias y bien indemnizadas. La seguridad laboral sigue estando en entredicho con las mineras y las canadienses son las peores. Los grandes corporativos nacionales o extranjeros ven al minero como esclavo, no como seres humanos, para ellos son desechables en contubernio con autoridades entreguistas e indignas”.

El diputado local Luis Mario Rivera Aguilar asumió una postura a medias, repartiendo culpas ajenas pero sin asumir las propias ni tampoco las del bizarro Congreso:

“Referente al deslave de rocas en la Unidad Minera de Mulatos ocurrido el pasado 13 de diciembre en Sahuaripa, sería una irresponsabilidad que la administración estatal no tome cartas en el asunto, se deben aplicar las sanciones correspondientes, y vigilar más de cerca esta actividad”.

Habría que preguntarle al diputado del PVEM y los restantes 32 “brillantísimos” tribunos de la actual Legislatura si conocen la Ley Minera estatal en la materia.

Porque más que una Ley, parece un compendio de lambisconerías (fomento, dicen) para suplicar a las mineras que inviertan más y más, aunque las regulaciones laborales ni de broma aparecen. Un bodrio, pues.

En esas condiciones operan este tipo de empresas en Sonora, con una Alamos Gold que parece erigirse en campeona mundial de la impunidad y el desprecio a los trabajadores.

Pero cuidado, se insiste, la realidad es cambiante y esta firma de Canadá ya se puso en el ojo del huracán: una investigación a fondo podría dinamitar sus concesiones.